Democracia de saldo
El mayor error de la Transición fue suponer que con cambiar las estructuras políticas generales (partidos, elecciones, Parlamento…) y redactar una Constitución ya teníamos un sistema democrático. Nadie se preocupó por construir un sólido entramado de instituciones democráticas, imprescindible para el buen funcionamiento de un Estado democrático. Tampoco se pensó en la necesidad de llevar a cabo una labor general de educación política y democrática. El resultado ha sido que, desde el inicio, nuestra democracia ha funcionado mal y, con el paso del tiempo, sus carencias y anomalías han ido en aumento.
Nadie quiso reflexionar sobre un principio básico: que no hay democracia sin demócratas. Y que nadie nace demócrata. A la muerte de Franco podría haber muchos antifranquistas, pero había muy pocos demócratas. Con el tiempo se vio que el problema no era la pervivencia de franquistas antidemócratas, ni siquiera el llamado «franquismo sociológico» (destinado a desaparecer), sino la escasez de demócratas convencidos. Hoy el problema incluso se ha agudizado. La degradación, deterioro y debilitamiento de la democracia se extiende a todos los ámbitos.
Uno de los síntomas más llamativos de esta situación es el uso espurio del principio de la mayoría. Es un error semántico llamar mayoría absoluta a la mayoría relativa del 50%+1. Establecer este principio cuantitativo como norma básica de decisión es una perversión de la democracia, porque legaliza que una mitad pueda imponerse sobre la otra, creando una tensión y enfrentamiento que es lo que precisamente trata de impedir el principio democrático de la mayoría. Para todos los asuntos relevantes debería exigirse una amplia mayoría, que casi siempre puede establecerse en torno a los 2/3. Imaginemos que esta mayoría se exigiera para la elección de alcaldes, presidentes de diputaciones, de comunidades o del Gobierno nacional, o para la aprobación de sus respectivos presupuestos. No digamos ya para establecer o modificar leyes básicas.
Se me objetará que esto paralizaría las instituciones. Pienso todo lo contrario: esto obligaría a debatir, a aclarar bien lo que se decide y a que toda decisión importante contara con un verdadero apoyo social. El resultado sería que se legislaría mucho menos, eso sí, pero mucho mejor. Una ventaja extraordinaria, porque en gran medida hoy el Parlamento (y no digamos los Parlamentos autonómicos) se ha convertido en un monstruo, una estructura aberrante que necesita alimentarse con leyes, decretos, recomendaciones, proposiciones, reprobaciones, exhibiciones y algaradas mediáticas para justificar su propia existencia, dándose una importancia que nada tiene que ver con una acción política eficaz.
Cuando los problemas y conflictos importantes de una sociedad se resuelven con el 50%+1 (ese uno puede ser un solo voto), algo va mal, algo debe cambiarse o ha de buscarse otra solución que alcance una verdadera mayoría. El azar de un voto de más o de menos no puede legitimar una decisión democrática. La arbitrariedad antidemocrática de los referendos del 50%, por ejemplo, se revela en el hecho de que, si el resultado no es favorable a quienes lo plantean, se proclama el derecho a repetir cuantas veces sea necesario hasta lograr ese +1, ¡pero no en caso contrario!
Una democracia del 50% es una democracia rebajada, una democracia de saldo, hecha de apaños, componendas, trapacerías y trapicheos, eso que hemos visto con la aprobación última de los presupuestos. Una democracia degradada que, lejos de promover la expresión de la voluntad de la mayoría, favorece la división, la hipertrofia del aparato de los partidos, su poder incontrolado sobre las instituciones y organismos del Estado.
Imaginemos que, frente a la actual algarabía y los aspavientos con que los diputados justifican su sueldo, sus señorías se dedicaran un año entero a debatir y aprobar una auténtica reforma, por ejemplo, del sistema fiscal, de la Agencia Tributaria, revisando todos los impuestos, unificándolos, simplificándolos, explicándolos bien a los ciudadanos, logrando una colaboración activa de todos para perseguir el fraude, la economía sumergida y la evasión fiscal; convenciendo a la sociedad de que el sistema establecido es el más justo, el más equitativo, el más eficaz, el más favorable para los intereses de la mayoría. En lugar de perder el tiempo en cien mil asuntos, que todos los esfuerzos, discusiones y acuerdos se orientaran a establecer un nuevo, justo y eficaz sistema impositivo. Y a aprobarlo por una auténtica mayoría. ¿Imposible? ¡Pues que se vayan todos a su puñetera casa!
Santiago Tracón
