«El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla»

(Art. 3 de la Constitución Española)

El pasado 23 de junio, Fernando Savater presentaba junto a un grupo de intelectuales de ideología variopinta un Manifiesto por la Lengua Común que levantó, de inmediato, todo tipo de ronchas y descalificaciones. Pero no se produjo ni un solo argumento en su contra. Porque en España hace ya mucho tiempo que cuando algo no gusta no se exhiben razonamientos para contradecir lo afirmado por otros, no, se recurre al insulto o -entre los más finolis- al eslogan político descalificador.

El diario zapaterista Público recibía el Manifiesto de esta guisa: «El nacionalismo español hace de nuevo política con las lenguas». Por su parte, Miquel Iceta, la nueva estrella rutilante del PSC, se limitó a señalar que el Manifiesto era «innecesario» y José Montilla (que es natural de Córdoba) afirmó que el Manifiesto incitaba a la «catalanofobia». Gran honestidad intelectual la de este charnego reconvertido en catalanista.

En efecto, el PSC es un partido que, según Félix de Azúa, se parece cada vez más a la corte de Catalina la Grande.

El aparato mediático del catalanismo lanzó 800 (sí, 800) artículos contra el Manifiesto, pero en ninguno de ellos se aludía a su contenido ni se argumentaba contra él.

Las fuerzas localistas del nordeste de España, como un solo hombre, se dieron al insulto -esa práctica tan española-: «Ataque contra el catalán», «franquistas», «fachas», «españolistas de mierda», «miserables» (Jordi Sánchez), todo eso y más lindezas dijeron. Antoni Puigvert aseguró -él, tan moderado- que el Manifiesto rompía los últimos puentes entre Cataluña y España... Naturalmente, todos esos artículos estaban escritos y publicados en español, la lengua que, según estos atacantes, quiere asesinar al catalán... y, para guinda del pastel, lo de Jordi Pujol sonó como el Tambor del Bruc: «Combatir con decisión y confianza, sin miedo y sin respeto para quien no nos respeta», eso dijo el veterano y, ahora, radicalizado líder.

Entretanto, las firmas de adhesión al documento escrito por Savater crecían, eso sí, movidas en parte por EL MUNDO, lo cual le vino de perlas a Rodríguez Zapatero, quien aprovechó que el Tormes pasa por Salamanca para sentar doctrina: «La derecha quiere apropiarse de la lengua común como antes lo intentó con la bandera común», dijo... y después de soltar semejante sandez, el actual presidente del Gobierno se fumó un puro.

De poco vale que más del 50% de los catalanes prefiera el castellano como primera lengua porque el nacionalismo catalán y sus adláteres están dispuestos -así lo dice el nuevo Estatuto- a obligar a todos quienes pisen (o sobrevuelen) el territorio de Cataluña a hacerles aprender y obligarles a usar aquella lengua «propia». Ya se sabe: «La letra con sangre entra».

Pero dejémonos de darle vueltas a la noria y recordemos, en primer lugar, que los poderes públicos -y desde luego el Gobierno de España- están obligados a guardar y hacer guardar la Constitución. Así lo han jurado o prometido todos ellos. Vayamos, pues, al grano.

1. ¿Puede un profesor, nacido pongamos que en Valladolid, ir a trabajar a una universidad catalana dando sus clases en castellano? La respuesta es no. Por lo tanto, a ese profesor se le está privando de uno de sus derechos (el de usar el castellano) y el Gobierno de España no puede mirar para otro lado.

2. ¿Puede un niño catalán que tenga como lengua materna el castellano ser escolarizado en ese idioma? La respuesta es no. Un derecho del que se le priva y que no puede dejar indiferente al Gobierno de España.

3. ¿Puede un funcionario español trasladarse a trabajar a Cataluña sin haber aprendido antes concienzudamente el catalán? La respuesta es no.

Y así podríamos seguir con los rótulos de las tiendas, los de las carreteras, con la expulsión de facto del castellano del Parlamento de Cataluña, con la exclusión de los escritores catalanes en castellano, pues sus obras -según los nacionalistas y sus abducidos del PSC- no pertenecen a la cultura catalana y por eso no se les permite acudir a la Feria de Fráncfort, etcétera.

En resumen, el derecho a usar el castellano que la Constitución consagra no se puede ejercer en los foros públicos de Cataluña... y el Gobierno no puede mirar para otro lado diciendo -como dicen sus voceros- que reclamar estos derechos elementales es de derechas (al parecer, en estos nuevos tiempos todo lo que no sea aplaudir a ZP y sus ocurrencias es de derechas).

Pero lo más peligroso -por irresponsable- del discurso de ZP y de sus conmilitones es que para ellos el nacionalismo periférico (vasco, catalán, gallego...) no existe y como no existe no puede hacer mal a nadie ni tener aspiraciones a la independencia. Por ejemplo, Convergencia Democrática de Cataluña, con Artur Mas a la cabeza, acuerda, imitando a Ibarreche, que su objetivo político es una «Cataluña Libre y Soberana»... y el Gobierno español no tiene nada que comentar.

¿Por qué no hablamos claro de una vez? Los nacionalistas y sus adláteres detestan el bilingüismo en sus territorios, lo mismo que rechazan el oír hablar de un Estado Federal... y de poco vale ocultar esa verdad haciendo oídos sordos a los voceros nacionalistas que no se cansan de repetir: «Derecho a decidir», «independencia», «fuera el castellano» y otras muchas lindezas anticonstitucionales.

Pero no es ésa -la de mirar para otro lado- una práctica que sólo concierna a este Gobierno. Sin ir más lejos, Aznar en 1997 se negó a recurrir la Ley de Política Lingüística de Pujol ante el Tribunal Constitucional, porque necesitaba los votos de CiU. Tampoco la recurrió el Defensor del Pueblo (Alvarez de Miranda), sobre quien se ejerció todo tipo de presiones para que no presentara recurso de inconstitucionalidad. Una ley que era y es anticonstitucional por los cuatro costados.

El Estatuto aprobado el 18 de junio de 2006 (con un apoyo popular, simplemente, ridículo, que todo hay que decirlo) echa un par de paletadas más sobre el asunto: 1) «Todas las personas en Cataluña tienen el derecho de utilizar y el deber de conocer las dos lenguas oficiales». Se establece así la obligatoriedad de dominar el catalán para todas las personas que vivan en Cataluña y 2) «La lengua propia de Cataluña es el catalán. Como tal, el catalán es la lengua de uso normal y preferente de todas las administraciones públicas y de los medios de comunicación públicos en Cataluña, y es también la lengua normalmente utilizada como vehicular y de aprendizaje en la enseñanza».

Si esto es constitucional, yo soy el obispo de Mondoñedo, pero sí es una discriminación contra los castellanohablantes. Y por serlo es también una discriminación para los menos dotados económica y socialmente, los inmigrantes del resto de España y sus descendientes. Estamos ante una descarada y consentida política que pretende tratar a los castellanohablantes como extranjeros en su propio país. «Si un español emigra a Inglaterra, lo que ha de hacer es aprender el inglés» es un argumento que los catalanistas suelen exhibir para exigir a todo el mundo en Cataluña el uso del catalán. Se olvidan -y no por casualidad- que un andaluz en Inglaterra es un extranjero, pero cuando se desplaza a Cataluña no sale de su propia nación.

Las normas internacionales, por ejemplo, las de la Unesco, respecto a la enseñanza recomiendan una obviedad: los niños deben ser escolarizados en su lengua materna. Es tan paradigmático como penoso anotar cómo notables pedagogos catalanes han sacrificado estas elementales normas en el altar de su catalanismo.

Pero no han sido sólo los pedagogos quienes han teorizado, practicado y ejecutado el ombliguismo catalanista. Muy representativos escritores también se han pronunciado en la misma dirección en lo tocante a la creación literaria. Veámoslo.

En el número de julio y agosto de 1977 -inmediatamente después de las primeras elecciones democráticas y en vísperas del debate constitucional- la revista Taula del Canvi, catalanista de izquierdas, planteaba una pregunta a una serie de intelectuales antifranquistas de indudable valía (Salvador Espriu, Manuel de Pedrolo, Joaquín Molas, Antoni Comas...).

El asunto se las traía desde la propia formulación de la pregunta, que era ésta:

¿A los catalanes (de origen o radicación) que se expresen literariamente en lengua castellana hay que considerarlos como un fenómeno de conjunto que hay que liquidar a medida que Cataluña asuma sus propios órganos de gestión política y cultural?

Antes de considerar las respuestas ha de tenerse en cuenta que a ese «fenómeno de conjunto» pertenecían -y pertenecen- los hermanos Juan, José Agustín y Luis Goytisolo, Vázquez Montalbán, Carlos Barral, Juan Marsé, Félix de Azúa, Eduardo Mendoza y un largo etcétera, amigos y compadres de quienes respondían así:

Salvador Espriu: «Espero y deseo que sí».

Manuel de Pedrolo: «No hemos de discutir a nadie el derecho a escribir en la lengua que quiera, pero nadie tiene derecho a convertir una lengua forastera en un arma de destrucción de la identidad del pueblo al cual pertenece o en el cual se inserta».

Antoni Comas: «Como hecho colectivo, como fenómeno de conjunto, hay que liquidarlo a medida que Cataluña recupere su autonomía».

Joaquín Molas: «Si las soluciones son las que deberían ser, los que utilizan la lengua castellana tenderían a desaparecer».

Entre tanto ardor guerrero y exterminador destaca, por extraña, una propuesta razonable:

Francesc Vallverdú: «La cultura catalana se puede manifestar y de hecho se manifiesta en diversas lenguas».

Tan tempranas y amenazadoras manifestaciones de catalanismo identitario y arrasador deberían haber puesto en guardia, al menos, a dos entes políticos: 1) A los inmigrantes llegados a Cataluña y, en general, a los castellanohablantes y a sus representantes políticos y 2) A los partidos de ámbito nacional. Pero todos prefirieron mirar para otro lado, pensando, quizá, que la sangre no llegaría al río, que tales posiciones radicales, como otras muchas de entonces, se atemperarían en el marco constitucional que ya se estaba elaborando. Mas, fuera como fuera, el hecho fue que nadie quiso señalar unos límites, al menos intelectuales, a semejante desbarre.

Dado que los artículos del Nuevo Estatuto referidos a la obligatoriedad de la lengua catalana están recurridos ante el Tribunal Constitucional (TC), conviene recordar aquí una sentencia de este Alto Tribunal; la del 26 de junio de 1986, cuando lo presidía Francisco Tomás y Valiente. En esa sentencia -contraria a la obligatoriedad de una lengua cooficial- se lee lo siguiente: «Pues el citado artículo (el 3 de la Constitución) no establece para las lenguas cooficiales ese deber (el de ser conocidas), sin que ello pueda considerarse discriminatorio».

Cabría esperar que el TC se atuviera en este asunto a su propia jurisprudencia, mas, para decirlo todo, los miembros actuales del TC han demostrado sobradamente que no son ni Tomás Moro ante Enrique VIII ni Becket ante Enrique Plantagenet; se parecen más a los jueces obedientes y obsecuentes que pululaban por España no hace tantos años... y a los que convendría olvidar para siempre. En fin, que mi fe respecto a las actuales instituciones políticas y judiciales es descriptible, por eso estoy dispuesto a pelear contra las canalladas que se están perpetrando contra el derecho a usar el castellano y contra los canallas que las cometen o que las permiten.

Joaquín Leguina es ex presidente de la Comunidad de Madrid.