De aquellos polvos; Estos lodos.

De aquellos polvos; Eestos lodos.

Escribí hace poco una remembranza sobre las Tablas de Daimiel en la que, básicamente, venía a rememorar lo que había sido ese paraje hasta los años 60 del pasado siglo, y en lo que lo habíamos convertido cincuenta años después. Pero lo que ahora me pregunto, con toda sinceridad, además, es por las razones que permitieron que se consumara esa barbaridad sin que la sociedad, nuestra sociedad manchega, en concreto, se preocupara ni por asomo de tal calamidad.

La respuesta he podido encontrarla consultando las hemerotecas de la época; en especial Cuadernos Manchegos, editados por el Instituto de Estudios Manchegos de Ciudad Real; cuadernos que constituyen una joya de información sobre todo lo relativo a la Mancha ciudadrealeña en el pasado y en la actualidad.

El malogrado don José María Martínez Val, hombre eminente en su época, catedrático de Legislación Mercantil y Economía Política en diferentes Escuelas de Comercio, y catedrático de Geografía e Historia en diversos Institutos, escribió un estudio económico del Alto y Medio Guadiana (publicado por Cuadernos en 1968) que nos permite conocer las claves del pensamiento desarrollista que sobre cuestión de aguas dominaba en aquella época.

Para el catedrático, a la altura de la segunda mitad de los años 60 del pasado siglo, le parecía incoherente el máximo aprovechamiento que se obtenía del río Guadiana en su curso bajo debido al Plan Badajoz, con el abandono que sufría en sus cursos medio y alto.

José María del Val recurrió a los estudios de Hernández Pacheco para singularizar el Guadiana en sus tramos alto y medio: un régimen endorreico por efecto de la gran llanura manchega, con una leve inclinación hacia el Oeste, recorrida por lentísimas corrientes divagantes que pese a todo llegaban a conformar el incipiente curso del río Guadiana. Teorías, hoy, absolutamente refutadas por los estudios y la ciencia hidrogeológica, pero que en aquella época constituían en súmmum del saber.

Don José María del Val, después de estudiar los mínimos aprovechamientos existentes en la Cuenca Alta y Media del río Guadiana, venía a concluir que se estaban desaprovechando unas treinta mil hectáreas de terrenos susceptibles de transformarse en excelentes cultivos de regadío en las márgenes de los ríos Guadiana, Gigüela y Záncara.

En línea con estos planteamientos, que en realidad fueron los que avalaron los técnicos de la época, la Administración propició una iniciativa publicando la Ley de 17 de julio de 1956, por la que se aprobaban las directrices generales para el saneamiento de los márgenes de los ríos Guadiana, Záncara y Gigüela; obra colosal que desarrollarían conjuntamente el Ministerio de Obras Públicas y el Instituto Nacional de Colonización; todo ello con el objetivo de convertir treinta mil hectáreas de secano en regadío. Veinte años después no se había logrado reconvertir más de ocho mil hectáreas, y eso aún a costa de grandes dispendios.

En resumidas cuentas, podemos argüir que, hasta finales de los años 60, en la Mancha, la única agua que se consideraba utilizable era la superficial; escasa, inconstante y muy costosa de regular. Sin embargo, esta Ley que tan pobre resultado tendría en la economía del Alto Guadiana, permitió que se demolieran las presas de los molinos de agua instalados a lo largo del Guadiana, además de su drenaje y canalización. Como consecuencia, en 1971, quedó totalmente desecado el paraje de las Tablas de Daimiel.

Y éste sí que debió ser el aldabonazo definitivo para comprender que las cosas no se estaban haciendo bien, que el camino elegido no era la solución, y que era necesario cambiar el paradigma del desarrollo que se había implementado en la Mancha.

¿Y se hizo? —cabría preguntarnos.

Pues lo que se hizo vino a hacer bueno aquel refrán que dice que “fue peor el remedio que la enfermedad”.

Desde comienzos de los años 70, el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), comenzó a desarrollar el programa PIAS (Plan de Investigación de Aguas Subterráneas), que ya declaraba al Acuífero 23 como uno de los mayores embalses subterráneos de España, y que, por tanto, su perímetro debía ser la zona natural donde debería realizarse la explotación del conjunto hídrico (superficial y subterráneo) de la Mancha ciudadrealeña. Pero previamente a poner en explotación dicho acuífero se deberían estudiar a conciencia los recursos disponibles para asegurar un uso sostenible del mismo. Es decir, a la altura de 1973, los estudios científicos y técnicos ya conocían a la perfección los ecosistemas conformados por los acuíferos manchegos y cómo deberían ser gestionados.

Conocimiento que los políticos de turno se pasaron el “arco del triunfo”, animando a los agricultores para que hicieran perforaciones en sus tierras y se pusieran a regar. Y esa política agraria fue la que se aceptó sin discusión por los sucesivos gobiernos de la naciente democracia española.

De modo que, ¡esos fueron los vientos que se esparcieron para consumar la debacle ecológica manchega!

Los lodos resultantes se han consumado en que, cincuenta años después, nadie ha querido o ha sabido revertir la situación; que aquí se han invertido centenares de millones de euros, si no miles, procedentes de la Unión Europea, con el señuelo de recuperar el Medio Ambiente que nos fue consustancial, y que ello solo ha servido para enriquecer hasta el extremo a los que no paran de hacer pozos ilegales y regar, y de paso, además, crear una cohorte de funcionarios (técnicos, investigadores, centros ad hoc, departamentos universitarios, organismos oficiales de investigación y tantos otros, que, lo único que han asumido bien, es la convicción que del hecho de que las cosas sigan igual (o peor) depende su pan, lo sea en forma de contratos directos, indirectos, vía estudios informativos y/o de investigación. Y no hablemos de las jornadas, cursos, conferencias, ponencias y demás gaitas, bien remuneradas, de las que tan ávidos son.

Y esta es la situación. Sin más literaturas. ¡Anda y que les den!