Hace apenas dos semanas, tras el intento de suicidio casi simultáneo de dos hombres de 53 años a quienes iban a desahuciar (uno de ellos, por desgracia, alcanzó su propósito) los medios se llenaron de voces airadas que se alzaban sin ambages contra lo que a todas luces comenzaba a emerger como un crimen contra la humanidad que nuestros responsables políticos no estaban haciendo nada por detener. Su pasividad, extensible a todos aquellos que los apoyaran, se planteó de pronto y desde múltiples ángulos como una conducta inmoral e insostenible. Aquí mismo, y en algún otro lugar, tuvimos ocasión de escribir contra la inhumanidad (y también la inconsistencia económica, social y política) que suponía dejar como única solución a la insolvencia sobrevenida e involuntaria de tantas familias el expulsarlas a la calle y a la exclusión, generando no sólo un incumplimiento masivo y flagrante de la declaración constitucional del derecho a una vivienda digna, sino una descomposición irresponsable del tejido de nuestra sociedad.
Es importante decir que, antes de esa oleada de comentarios en los medios, venían ya actuando colectivos ciudadanos, como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca o Stop Desahucios, que han desempeñado un papel crucial en la visibilización pública de tantos dramas privados, y sobre todo en la puesta de manifiesto de la insensibilidad y la iniquidad del comportamiento de no pocas entidades financieras. Entidades que, después de gestionar con notoria incompetencia sus negocios, asumiendo muchos más y peores riesgos de los que deberían haber debido asumir, y de haber recibido el socorro de los ciudadanos en forma de cantidades ingentes de dinero público para equilibrar sus balances, se permitían arrojar de sus casas a miles de personas sin recursos y hasta maniobrar de forma torticera para especular con lo único que podía ampararlos: su vivienda.
Sin esa labor de cientos y miles de ciudadanos durante meses a la puerta de tantos edificios de los que iban a sacar a alguien, sin su esfuerzo por lograr, desde el anonimato y sin el menor respaldo oficial, que la comunidad tomara conciencia de la tragedia que día a día se estaba consumando en nuestras calles, quizá no habría cambiado nada. Quienes desde los bancos seguían firmando órdenes de ejecución de hipotecas y negándose a cualquier arreglo que permitiera la supervivencia económica y moral de sus deudores habrían continuado, impertérritos o no, con su inercia destructiva. Quienes desde parlamentos y ministerios seguían entretenidos en la disputa partidista o la gestión economicista del déficit habrían seguido también a lo suyo.
Ahora, gracias a la labor de esta gente, al escándalo desatado entre quienes disponen de altavoces públicos, y quizá también, y tristemente, gracias a esos suicidas (la última, ayer, una mujer de Barakaldo), quienes debían han tomado conciencia. Comenzaron los jueces, despachándose con ese informe en el que ponían en cuestión una legislación arcaica, que permite toda clase de abusos por parte de los acreedores y apenas deja espacio a la solución constructiva, amén de atascarles los juzgados. Unos juzgados que habían venido a convertirse en simples oficinas de cobro y ejecución de los bancos, retrasando de forma intolerable la solución de los conflictos jurídicos del resto de la población, como también apuntaron con una claridad y una valentía que merece aplauso, y que nos reconcilia con las personas que imparten justicia entre nosotros, aunque la primera reacción de su órgano de gobierno, el CGPJ, fuera, como es marca de la casa, tibia y dilatoria. Finalmente, también se han sumado al carro.
Y desde hace unos días, los dos partidos principales negocian una reforma urgente de la legislación para contener el drama y reconducirlo a cauces más humanos y razonables. No es una reforma sencilla, ningún país puede permitirse desactivar de pronto las garantías de su sistema financiero, también hay que estar atento a no prestarles nuevos resortes a los muchos pícaros que hay entre nosotros, pero tampoco puede renunciarse a proteger a la gente de bien y cumplidora que estaba quedándose en la calle por culpa de una crisis en la que tienen mucha más responsabilidad, por temeridad y torpeza, quienes se permitían desahuciarles.
Dicen que la semana que viene habrá ya algo. Hasta hace una o dos, parecía imposible. ¿Significa esto que cuando nos ponemos todos a una, y frente a la sensación de que todo está amañado y nada puede cambiarse, sí podemos?
Si es así, es una lección que no conviene olvidar.
Lorenzo Silva
Fuente: La mirilla . Msn noticias
Dicen que se suman al carro porque es lo que toca, porque es lo políticamente correcto, porque si se desmarcan no salen en la foto. Pero ya no les cree ni el apuntador. Que superásemos tan pronto el vértigo al «ajo y agua» , les ha pillado desprevenidos, y por eso están acoj…uy perdón, acobardados.
Un saludo.